IBAGUÉ. El Juzgado Octavo Penal del Circuito absolvió al empresario español Jaime de Zorroza y Landia, quien es propietario de la Hacienda San Isidro, además al revisor fiscal de su empresa, Eder Homes Vanegas; el abogado Raúl Humberto Monroy Gallego y el contador Ernesto Bernal Quintero.
Los hombres fueron absueltos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa agravada.
La decisión. Según el togado, la señora Ana Julia Suárez de Zorroza estaba enferma cuando al parecer firmó los documentos, se demostró que la empresa está ubicada en la finca donde ella permanecía y no tenía que movilizarse a otro sector.
De igual manera, el médico tratante de la señora Ana Julia refirió que su salud estaba deteriorada y su estado era crítico, pero su estado mental era óptimo y gozaba de lucidez, por lo que no se descarta que ella haya estampado su firma en las actas de manera consciente y voluntaria.
Asimismo, a pesar de que la firma fue objeto de un estudio grafológico, refirió el administrador de justicia que el método utilizado por el experto no fue confiable comparado con los actuales, y a los acusados no les hicieron una prueba para comparar la firma estampada en los documentos.
Y por sustracción de materia, los otros delitos, el fraude procesal y la estafa agravada no habrían ocurrido al no existir la falsedad en documento privado.
Reacción. El abogado Jorge Enrique Lozano Guarín, defensor del abogado Monroy Gallego, señaló que fue un fallo muy ajustado y la Fiscalía nunca probó su acusación.
“La Fiscalía trajo un dictamen grafológico donde pretendía demostrar esa falsedad, sin embargo me parece que muy acertadamente el señor Juez estimó que ese dictamen no reunía los requisitos entre otras cosas por ejemplo, el perito no tuvo en cuenta la situación de salud de la señora y es obvio que una persona en una condición cambie sus trazos, cambie su letra y el perito reconoció que él no había examinado esa parte”, dijo.
Y agregó que la defensa llevó al juicio al experto grafólogo y docente Luis Gonzalo, que refirió que ninguna de las firmas presuntamente falsas las había elaborado alguno de los acusados.
La acusación. La Fiscalía acusó a los cuatro hombres que para el 15 de febrero de 2011, por medio de tres actas, cambiaron la razón social comercial de las empresas Molinos San Isidro y Zorroza y Suárez de limitadas a sociedades anónimas simples, o S.A.S.
Además, vendieron un lote reconocido como La Cabaña 3 a la cooperativa Serviarroz, cuyo representante legal suplente es Carlos José Hómez Vanegas, hermano del revisor fiscal.
Según la Fiscalía, el hecho ocurrió seis días antes del fallecimiento de Ana Julia Suárez de Zorroza, quien padecía cáncer de colon.
De igual manera, en los documentos aparecía la firma de Ana Julia Suárez, quien ante sus quebrantos de salud no podía asistir a la reunión de gerencia, y aparecía el nombre de la hermana de la mujer, quien indicó que nunca asistió.
Por este hecho se vieron afectados los hermanos de la difunta Ana Julia y otros familiares porque al cambiar de razón social, quedaron sin piso los registros mercantiles de 1972, en los cuales se estipuló que al fallecer la mujer, sus herederos tomarían su lugar.
