IBAGUÉ. Desde la muerte de Sara Ayolina Salazar Palacios, un grupo élite de la Policía y Fiscalía adelantan las investigaciones para dar con los responsables de las violaciones, maltratos y homicidio del que fue víctima la niña de tres años de edad en Armero Guayabal.
Aunque la Fiscalía anunció que las muestras biológicas practicadas a los integrantes del círculo familiar de Sarita arrojaron avances, aún no hay capturas, y el pueblo tolimense exige resultados.
Ayer, en Bogotá el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez tras una reunión con el director de Medicina Legal, señaló que “dependemos en este momento particularmente de las pruebas forenses que se han dispuesto y hay una línea de investigación muy avanzada que ojalá nos permita pronto mostrarle al país la autoría de este crimen que como los anteriores no va a quedar en la impunidad”.
Presuntamente dos órdenes de capturas estarían próximas a ser emitidas ante el aberrante caso que conmocionó al país. Mientras tanto, el Icbf le quitó a sus tres hijos a Ángela Johana Guerra, madrina de Sarita. Por su parte, la Sociedad Colombiana de Pediatría del Tolima emitió un comunicado de rechazo e indignación sobre el aberrante hecho “toda vez que va en contra del objetivo primordial de nuestra profesión: La preservación del bienestar integral de nuestros niños”.
Es de recordar que en la línea investigativa como lo señaló la vicefiscal, María Paulina Riveros revisarán la acción u omisión por parte de la Comisaría de Familia de Armero Guayabal, quien tuvo conocimiento con antelación de lo que sucedía con Sarita.
