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A la cárcel fue enviado el Juez Promiscuo Municipal de Amba-lema Fernando Morales Leal, por el delito de concusión en concurso homogéneo y sucesivo. El Juez deberá permanecer en el patio de funcionarios públicos.
La decisión la tomó el Juzgado Octavo de Control de Garantías de Ibagué, por solicitud de la Fiscal Cuarta Delegada Ante el Tribunal, que indicó sobre la posible continuidad de la accionar delictivo y el riesgo de obstrucción a la justicia que podría incurrir el togado al estar en libertad o en una detención medida de detención domiciliaria.
Recordó que la medida no privativa de la libertad es improcedente en este tipo de delitos como lo es la concusión. En cuanto a la domiciliaria agregó que las exigencias no se colmaban en cuanto a la solicitud por ser padre cabeza de familia, pues sus hijos menores cuentan con su progenitora.
La medida de aseguramiento fue apelada por la defensa, que aseguró que ayer en la mañana el Juez renunció a la Rama Judicial, tema que según las demás partes intervinientes, debe sustentarse y tiene un trámite de algunos días.
Asimismo, la defensa argumentó que uno de los dos hijos del Juez sufre una patología cardiaca y él es padre cabeza de familia, y proveedor. En este tópico también señalaron las demás partes, que existe la mamá del niño y el Procurador solicitó declarar desierto este recurso.
El caso
La delegada del ente acusador reveló que dos exempleados del Juzgado denunciaron a Fernando Morales Leal por pedirles dinero a cambio de permitirles continuar en sus puestos de trabajo.
La primera denunciante fue Aura Nataly Cárdenas Rodríguez, que entre abril de 2020 y junio de 2021 trabajó como secretaria del Juzgado. Dijo que para permanecer en su cargo, el funcionario le pidió $10 millones y luego debió cancelar mensualmente un millón de pesos al togado o a Andrea del Pilar Ávila Parra, esposa del funcionario.
Indicó que renunció luego de ser abordada en dos oportunidades por dos mujeres. En una ocasión le dijeron que debía renunciar o su vida corría peligro.
Asimismo, el togado y su esposa fueron a su casa y le dijeron que debía renunciar ‘por las buenas’. Esto sucedió cuando ya se había formulado una queja en el Consejo Seccional de la Judicatura por acoso laboral.
La mujer siguió laborando en el despacho, pero enfren-tó un ambiente laboral adverso e incluso recibió medidas de protección.
El segundo caso es el de José Miguel Montealegre López, quien denunció que laboró entre marzo y julio de 2021. Dijo que le pagó cada mes 500 mil pesos al Juez.
Compulsa de copias
La Fiscal solicitó la compulsa de copias para que investigue a Andrea del Pilar Ávila Parra, esposa de Fernando Morales Leal, porque según las denuncias recibidas, ella era la persona que estaba presente cuando el Juez hacía las exigencias económicas e incluso ella habría recibido el dinero, y actuaría como si estuviera a cargo del despacho judicial. Además, a través del teléfono celular de ella era por donde los implicados se debían comunicar.
Asimismo, ordenaron investigar al juez Fernando Morales Leal por el presunto cobro de títulos judiciales y asesoramientos judiciales ilegales por el cargo que ostenta.
Y por último, pidieron investigar los fallos de acciones de tutela en temas pensionales.
Hay uno en particular que llama la atención de las autoridades, que se falló en contra del Hospital San Antonio de Ambalema, en el cual se actuó, al parecer, con un interés ilegítimo por parte del Juez Promiscuo del municipio de ‘Las Mil y Una Columnas’.
Publicación de Q’HUBO
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscal recordó el artículo publicado por este diario, Periódico Q’HUBO Ibagué, el 1 de septiembre de 2015, en el que se informó que Isaac Bonilla Cruz interpuso una queja administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura del Tolima contra el Juez Promiscuo Municipal de Ambalema, Fernando Morales Leal.
Refirió la delegada del ente acusador, que efectivamente esta persona laboró en la Rama Judicial hasta 2021 y existe la denuncia a la cual se hace referencia en el artículo titulado: “El Juez de la Corrupción”. En el mismo, refiere que se desempeñó como auxiliar de la Justicia, secuestre y perito evaluador de daños y perjuicios en el municipio. Añadió que la mitad de la plata que se ganaba debía dársela al Juez, e incluso, debía “sacar plata de donde no tenía y pagarle
por adelantado”.
