REDACCIÓN Q’HUBO – qhuboibague@gmail.com
Luego del escándalo de corrupción en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) Regional Tolima, que involucró a la Constructora El Poblado S.A. de Barranquilla (Atlántico) y a Cortolima, las dos primeras entidades se pronunciaron al respecto.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, el 1 de diciembre efectuó un allanamiento en las oficinas del Igac en Ibagué y capturó a 25 personas que estarían involucradas en una organización conocida como ‘Los del Instituto’, la cual presuntamente efectuaba trámites de manera irregular a cambio de recibir dinero y dádivas. La investigación que duró dos años a cargo de la Fiscalía General de la Nación, evidenció que, al parecer, los procesados detenían las peticiones que realizaban algunos usuarios, tramitaban de manera fraudulenta licencias ambientales para de esta manera beneficiar a constructoras sin importar el impacto negativo ambiental y direccionaban trámites irregulares a otras áreas del Igac.
Supuestamente ‘Los del Instituto’ eran liderados por Luis Carlos López Guevara, conocido como ‘El Relacionista’ y contaba con el apoyo de Mauricio Fernando Mora Bonilla, director Territorial del Igac en el Tolima.
Al término de las audiencias, el viernes, la Juez Octava de Control de Garantías impuso cinco medidas de aseguramiento carcelario, entre ellas al Director del Igac y al posible líder de la organización. Asimismo, decretó tres medidas no privativas de la libertad, cinco libertades y los demás detenidos fueron afectados con la detención domiciliaria. Todos los imputados quedaron vinculados al proceso judicial en su contra.
La constructora
La Constructora El Poblado S.A., a su vez, emitió un comunicado en el cual señala: “El Poblado S.A. contrató de buena fe a un consultor en Ibagué para hacer estudios tendientes a subsanar aspectos técnicos requeridos por Cortolima, sobre permisos ambientales que se surten ante dicha entidad desde el año 2017. Este consultor resultó siendo señalado por las autoridades como presunto líder de la supuesta red de corrupción sobre la que se investiga”.
Asimismo, enfatiza que cuatro de los empleados de la constructora fueron detenidos por los delitos de concierto para delinquir y ecocidio, y que ellos recobraron su libertad por decisión del Juzgado por considerar que en su caso no existió el primer delito. En cuanto al cargo de ecocidio, señala que con elementos de prueba demostrarán que no existe.
El escrito refiere, además, que la constructora sí desarrolla en la Reserva Campestre Villa del Mar, en Carmen de Apicalá, un proyecto, pero aclara que ni la organización, ni sus empleados, hacen parte de la red de corrupción.
Y agrega: “Se realizaron inventarios ambientales, estudios técnicos y sondeos al suelo, que nos permitieron identificar un cuerpo de agua que fue incluido dentro de la conceptualización del proyecto, como uno de sus atractivos, el cual hemos preservado en cumplimiento de nuestra política de respeto al medio ambiente”. De la misma manera, indican que la Constructora se rige por normas y principios de industria y comercio, y que cumplirán sus compromisos con los clientes. También, que la inversión en el proyecto Villa del Mar es segura, se sigue ejecutando sin restricciones y agregan que la investigación saldrá a favor de la compañía. Por último, refiere el comunicado que los 19 años de trayectoria que tienen en la construcción de condominios campestres comprueban que son una compañía seria y que cumple. Añade que ya han entregado cuatro condominios similares y es la primera vez que se ven involucrados en una situación similar, “por presuntos hechos de corrupción en la seccional del Igac en Ibagué y en Cortolima, a la que hemos sido injustamente vinculados y señalados sin fundamento”.
El Igac
El Igac en un comunicado, enfatiza: “Somos respetuosos de las decisiones de las autoridades y estamos prestos a colaborar con las investigaciones”.
En el escrito agrega que después de ser judicializados 14 servidores y exservidores de la territorial Tolima, así como ocho de la territorial Boyacá, respetan el debido proceso y están a la expectativa de las decisiones administrativas que correspondan en este caso.
Asimismo, el Igac informa que seguirá presto en brindar la colaboración que sea requerida por las autoridades judiciales y los organismos de control para facilitar las investigaciones y esclarecer los hechos. Por último, la entidad precisa que está tomando todas las acciones administrativas para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos en Tolima y Boyacá.
DATO
Solicitaron una audiencia para que sea devuelta la maquinaria que fue incautada durante los operativos en Carmen de Apicalá.
