IBAGUÉ. Un ingeniero de sistemas de la Secretaría de Educación Municipal fue acusado de incluir docentes inexistentes en la nómina, abrir cuentas bancarias donde se consignaron salarios y con base en certificaciones falsas acceder estas personas a créditos en una cooperativa.
César Augusto Martínez Ángel, de 30 años, fue vinculado mediante contrato de prestación de servicios y se aprovechó de que tenía acceso a la clave de manejo de novedades desde su cargo como administrador del sistema humano de la Secretaría.
La investigación se inició el 18 de enero de este año, luego que la entonces titular de ese despacho Cecilia Correa formuló la denuncia a las autoridades al detectarse las anomalías.
Según reveló la Fiscalía Séptima Local, Yimi Gabriel Torres Herrera y Aldemar Gaviria Herrera devengaron sueldos y primas desde agosto de 2009, sin ser docentes.
El primero aparecía como profesor de la escuela Carlos Lleras Restrepo y el otro en el colegio Francisco de Paula Santander del Salado.
A cada uno le pagaron seis millones 541 mil 887 pesos de sueldo en las cuentas que fueron abiertas en el Banco Popular, y obtuvieron créditos por 11 millones de pesos y 5 millones 800 mil pesos en la Cooperativa Conservico, entre los dos sirviendo de codeudores.
Peculado por apropiación al adicionar los docentes ficticios con base en las claves en su poder, y obtención de documento público falso al inducir la expedición de las certificaciones correspondientes para abrir las cuentas donde se consignaron los sueldos y hacer la solicitud de créditos, fueron los delitos de los que la Fiscalía acusó al contratista en calidad de autor.
El ingeniero de sistemas también fue acusado de falsedad material en documento público en condición de coautor, respecto de la falsificación de la firma del Director Administrativo de la Secretaría.
César Augusto Martínez Ángel no se allanó a ninguno de los cargos por los que fue llamado a imputación con base en los interrogatorios que realizó la Fiscalía.
Debido a que no cuenta con antecedentes penales, la colaboración prestada a la justicia, y que gracias a los interrogatorios se han obtenido elementos materiales de prueba para el proceso, la Fiscalía no solicitó la imposición de medida de aseguramiento.
