Jaime Andrés Bello Aldana, quien lleva seis años vinculado a la Administración Municipal de Lérida, como inspector de Policía, recibió hace un año información de la Detol sobre planes para atentar contra su integridad. En ese momento, gracias a investigaciones y un consejo de seguridad, las cosas se calmaron, pero el funcionario denunció que las amenazas han vuelto y no han dado con los responsables.
Por cumplimiento de sus funciones
El 16 de noviembre de 2019, la Policía del Tolima alertó un posible atentado por parte de un grupo delincuencial organizado común, contra Jaime Andrés Bello Aldana, inspector de Policía de Lérida, en hechos relacionados con su actividad. Al conocerse la información, en consejo de seguridad con el Gobernador, se adoptaron medidas para la protección del funcionario.
Según lo relatado por Bello Aldana: “En ese momento, cambiaron a todo el personal de la Sijín de Lérida. La Unidad Nacional de Protección me envió un chaleco antibalas y un nuevo celular y gracias a eso, las cosas se calmaron”. Sin embargo, según denunció el funcionario, en las últimas semanas, los mensajes amenazantes de números anónimos vía Whatsapp regresaron, lo que nuevamente le ha hecho temer por su seguridad.
En conocimiento de muchos entes
Bello Aldana, quien es miembro del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado Colombiano, Sunet; refirió que puso en conocimiento de esa organización el caso, así como de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Q’HUBO pudo constatar que en poder de esos órganos reposan copias de los radicados de las denuncias.
El inspector, que ya sufrió una parálisis facial producida por el estrés causado por la situación de riesgo a la que está expuesto; manifestó que a la fecha no sabe en qué paró la investigación iniciada hace un año y espera que la Detol y demás órganos puedan dar con los responsables y garantizar su seguridad.
DATO
Q’HUBO también conoció que hace casi un año, fue encontrada una granada durante el recorrido que realizaba Bello Aldana como parte de un operativo. Asimismo, en 2015 el funcionario ya había recibido amenazas.
