Una madre cabeza de familia en Tolima es la primera beneficiaria de la Ley de Utilidad Pública, sancionada el 8 de marzo de 2023 por el presidente de la República.
Esta ley desde el año pasado le permite a madres cabeza de hogar privadas de su libertad, cumplir su pena realizando trabajos comunitarios.
Un fallo trascendental
De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Justicia, la mujer se reintegrará a su hogar mientras desarrolla labores en huertas comunitarias y en proyectos de conservación ambiental, «aprovechando su potencial para sostener a sus hijos, que estaban a la deriva».
«Este sustituto se concede por decisión del juez que, aplicando por primera vez la Ley de Utilidad Pública, valoró la conducta y comportamiento de la privada de la libertad», explicó la cartera, que añadió que asume varios compromisos a cambio de la oportunidad.
El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, concedió a la mujer la posibilidad de pagar su condena de 39 meses por hurto calificado y agravado, a través de un plan de trabajo comunitario que cumplirá de lunes a viernes en dieciocho horas semanales.
El juez evaluó las condiciones de la hoy beneficiaria, quien es una madre que debió demostrar no solo ser la cabeza de su hogar, sino sus vínculos familiares y la responsabilidad afectiva, económica y social permanente sobre sus hijos.
Mientras desempeña sus labores, «deberá cumplir con obligaciones adicionales», detalló el Ministerio, como comparecer personalmente ante las autoridades judiciales, permitir visitas de servidores del Inpec y abstenerse de participar en otros delitos.
«Este enfoque busca integrar a mujeres cabeza de familia en proyectos comunitarios, como huertas comunitarias, conservación ambiental y promoción de convivencia», manifestó el ente gubernamental, que calificó la decisión como «un hito en el sistema judicial».
Se trata del primer caso en el que una mujer efectivamente obtiene el beneficio contenido en la Ley 2292 de 2023, que permite a las privadas de la libertad condenadas por delitos cometidos en situación de marginalidad, sustituir su pena por trabajos comunitarios.
El viceministro de Política Criminal, Camilo Umaña, mencionó que las mujeres que deseen acceder al beneficio deberán contar con «en general, todas aquellas condiciones que impliquen una conducta ejemplar» mientras se encuentran realizando las labores asignadas.
