IBAGUÉ. La Corte Constitucional, bajo ponencia del magistrado tolimense Mauricio González Cuervo, le dio la razón a una tutela a favor de la Corporación Taurina de Bogotá contra la decisión de la Alcaldía Mayor de Bogotá que canceló las corridas de toros en la capital de la República y no renovó el contrato de arrendamiento de la Plaza de Toros Santa María.
Sobre el tema, el concejal de Ibagué por el Partido Liberal, Camilo Delgado Herrera, autor del Proyecto de Acuerdo 006 de 2013 que estableció los lineamientos para la formulación de la Política Pública de Bienestar y Protección Animal en Ibagué, que pretende blindar a la Ciudad contra la ‘fiesta brava’ y otro tipo de actos donde se utilizan animales al considerarlos un acto de maltrato y tortura, lamentó la decisión.
“Se convierte en un retroceso, en algo que se venía avanzando en torno al respeto por los derechos de los animales que la misma Corte Constitucional en sentencias de 2006, 2007, y 2008 había argumentado el principio de sintiencia para evitar causarles dolores o sufrimientos innecesarios. Es un mal precedente, respetando los argumentos de la Corte, para las ciudades que han tomado también decisiones administrativas en aras de regular, limitar o extinguir este tipo de actividades que no hacen parte de la cultura propia colombiana”, afirmó.
En Ibagué, el Acuerdo 006 de 2013 restringió el uso de infraestructura del Municipio para realizar actos que sean considerados como de maltrato animal, pero la decisión de la Corte como antecedente abre una puerta abierta para los actos taurinos en Ibagué:
“El fallo que se profirió de la Corte Constitucional fue de tutela. Acá tendría un empresario, un torero o novillero demandar a la Alcaldía en el evento de que no se le preste o no se le dé la posibilidad de utilizar la infraestructura física para este tipo de actividades. Hasta el momento no ha sucedido. Cuando se haga, pues qué bueno poder dar el debate desde lo local, en torno al cumplimiento de esta norma”, concluyó.
El fallo de la corte
La tutela fue interpuesta por el presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, Felipe Negrete, en la que se resaltaron aspectos como la violación al debido proceso al terminar de forma unilateral el contrato de arrendamiento.
La Corte tuteló los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística, invocados por la Corporación Taurina de Bogotá y ordenó “restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María”.
Política pública estancada
Delgado Herrera recordó que el Acuerdo 006 fue aprobado en agosto del año pasado, y que hasta el momento no se ha formulado: “No se ha logrado materializar el cumplimiento de este Acuerdo, por lo que estamos a la espera de una reunión con el Gobierno Municipal para buscar una salida del Ejecutivo y adoptar la Política Pública, o como autor de ella y ciudadano en ejercicio, buscar hacerlo por la vía de acción de cumplimiento”, concluyó.
