IBAGUÉ. La justicia colombiana entró en paro desde el 11 de octubre, e Ibagué no fue ajena a esa situación, donde los funcionarios de los juzgados administrativos, penales, civiles, de familia, de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía, investigadores, y asistentes, pararon funciones para protestar por la nivelación salarial.
Por tal razón, a las afueras de la Fiscalía y del Palacio de Justicia se empezaron a observar a los funcionarios de la Rama Judicial sentados bajo las carpas, cumpliendo horario de trabajo en este sitio, a la espera de una respuesta del Gobierno Nacional.
Los empleados de la Rama Judicial, buscan la llamada nivelación salarial basada en la ley 4 de 1992, la cual refiere: “Que en determinado porcentaje se debía nivelar los sueldos. Se han hecho muchas demandas, peticiones y ‘loby’ ante los presidentes”, manifestó Claudia Chalarca, vocera de la asociación de Fiscales.
Según Chalarca, “hace 20 días, mediante un derecho de petición se manifestó ante una funcionaria de los juzgados que el dinero, un billón 200 mil millones de pesos para la nivelación salarial ya estaba, pero a los cinco días aproximadamente la plata había desaparecido, por eso es que decidimos entrar en paro”, dijo la funcionaria.
¿Qué es la ley 4 de 1992?
Es la ley mediante la cual señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.
Ésta lleva 20 años y según los funcionarios, no se ha realizado y partiría de un 80 por ciento del sueldo de un magistrado.
“El desajuste con relación a los magistrados que tienen un sueldo alrededor de los 19 millones de pesos, en comparación de un Fiscal del circuito que está a la vuelta de cinco millones de pesos. No pretendemos ganarnos lo mismo, pero sí que sea un poquito menos la diferencia”, dijo Chalarca.
La idea de los empleados de la Rama Judicial es que sea un 80 por ciento de lo que gana el superior inmediato, es decir un Juez y un Fiscal del Circuito, y ganarían 15 millones de pesos mensuales.
TÉRMINOS CONGELADOS
Durante el cese de actividades de los empleados de la Rama Judicial, “los términos se suspendieron. Nosotros tenemos 90 días para definir la situación de un capturado. Es decir, presentar un escrito de acusación, y la mayoría estamos bien en ese término”, refirió Chalarca.
Según Antonio Quintero, vocero de Asonal Judicial, “hay autorización para que laboren los empleados en temas como el Habeas Corpus, libertad, tutelas, lo que tiene que ver con derechos fundamentales, a la salud y la vida, así como los actos que atenten contra los ciudadanos, casos de hurto, asalto, situaciones que comporten una violación a las normas penales y que sean capturados en flagrancia”, dijo Quintero.
Es por ello que las audiencias preliminares, ante el Juez de Control de Garantías, siguieron su trámite normal, pero se realizaron en las salas de audiencia del Consejo de la Judicatura del Banco de la República.
En algún momento contemplaron la idea de parar estas primeras audiencias de legalización de captura en flagrancia pero, “la verdad pensamos que podría ser una forma de presionar y no realizar ningún tipo de concentradas, pero son un derecho fundamental del ciudadano”, manifestó Quintero.
LOS AFECTADOS
Según el defensor del Pueblo, Santiago Ramírez: “La parálisis judicial tiene un impacto sobre todos los procesos, especialmente sobre las personas privadas de la libertad”, dijo.
Y agregó: “Para aquellos recluidos en la Cárcel de Picaleña, en los casos como las libertades por vencimiento de términos, no la pueden solicitar, los beneficios en el caso de los condenados, las prisiones domiciliarias, redenciones de pena, el permiso de 72 horas, depósitos judiciales y la cuota alimentaria”, manifestó Ramírez.
Y agregó: “Además de la congestión en las audiencias, porque no se realizan, porque todo se represa, además las tutelas las está recibiendo el Consejo Superior de la Judicatura”, indicó el Defensor del Pueblo.
PROPUESTAS
El Gobierno Nacional indicó a los trabajadores de la Rama Judicial que reconoce la necesidad de la nivelación salarial que parte del estudio que realizó el Consejo de la Judicatura, donde refiere que hay unas diferencias salariales del 53 por ciento, en la asimetría entre escalas o cargos; autorizan los movimientos que haya lugar, parten de nombrar una mesa temática o de estudio, además propuso un plazo de 60 días para examinar el acuerdo.
“Lo que se analiza es que como no existe el dinero para hacerla de una vez, propusimos que se hiciera en un periodo de tres años, que podría ser 20 por ciento de ese 53 por ciento para 2013, y el porcentaje restante entre 2014 y 2015, podría ser una fórmula”, indicó Antonio Quintero, vocero de Asonal Judicial.
QUERÍAN DECLARARLO ILEGAL
En medios de comunicación nacional, se indicó que Gobierno Nacional, en cabeza de la Ministra de Justicia, buscaban la posibilidad de declarar ilegal el paro de la Rama Judicial: “Ese criterio lo maneja el sector empresarial del País, procesos que maneja el sector hipotecario, bancario y por su preocupación empiezan a ejercer presión para que las élites gubernamentales soliciten la declaratoria de ilegalidad”, refirió Antonio Quintero, representante de Asonal Judicial.
“Pensamos que es injusto, porque estamos reclamando la aplicación de una ley. Este movimiento es justo porque como caso especial y único en el mundo, lo que pedimos es que se aplique la justicia”, puntualizó el sindicalista.
