IBAGUÉ. La bancada sindical del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que reúne la totalidad de trabajadores y representantes, decretó el inicio de una asamblea informativa de carácter permanente en el País y también el inicio del ‘Plan Reglamento’ que consiste en el estricto cumplimiento de la Ley.
Cristian López, secretario Nacional de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, manifestó: “Hemos radicado un pliego de peticiones al Gobierno Nacional porque hay una crisis. Los internos no tienen derecho a ninguna clase de beneficios, viven hacinados, no tienen servicio de salud y están en condiciones precarias”, afirmó.
Además: “Le hemos dicho al Gobierno que represar reclusos en bodegas no es una política penitenciaria. En ese sentido nosotros los trabajadores le insistimos que dignifique las cárceles”.
”Masacre laboral”
La respuesta a las justas peticiones ha sido el anuncio de una “masacre laboral” al interior del Inpec, de por lo menos dos mil 500 funcionarios del área administrativa en el País.
Al menos 180 mil colaboradores participaron de un examen, pero López manifestó que: “La Convocatoria 250 tiene unos vicios de fondo y de forma, por eso está demandada ante el Consejo de Estado y ese ha sido el argumento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, Cnsc, para despedir a los trabajadores”.
Los representantes del Sindicato dicen que este viernes deben salir las dos mil 500 personas e ingresar los nuevos, pero la UTP le ha dicho a la Comisión Nacional, que debe esperar a que el Consejo de Estado tenga un fallo.
Otro argumento que tiene la Unión de Trabajadores es que la Ley 1709 que modificó el código penitenciario, le ordena al Gobierno Nacional la ampliación inmediata del personal: “Por eso nosotros decimos que hay una lista de legibles que tienen un derecho para ingresar al Inpec, pero si se amplía la planta de personal no hay necesidad de que haya una masacre laboral”, puntualizó, López.
No están recibiendo internos
Jhon Alejandro Durán, presidente de la UTP en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Coiba, Picaleña, manifestó que la ley dice que todo establecimiento que tenga una sobrepoblación del 20 por ciento no debe recibir más internos.
Además, el Coiba tiene fallas en el sistema de salud porque hay un médico para citas y otro para las urgencias de los seis mil reclusos y el agua potable es escasa, así lo aseguró Durán.
El mayor problema lo tiene la antigua cárcel por su infraestructura donde la higiene no es la mejor y hay más reclusos.
El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Óscar Antonio Gómez Heredia dijo a Q’HUBO que convocaría a un consejo extraordinario de seguridad para buscar soluciones.
Ayer dos reclusos no fueron recibidos en la cárcel y tuvieron que dejarlos en la Permanente, en la calle 21 con carrera Tercera.
