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La Procuraduría General de la Nación presentó un nforme con fines disciplinarios, tras evidenciar posibles falencias de las autoridades en las actuaciones administrativas adelantadas frente al caso de Gabriel, el niño de cinco años que habría sido asesinado por su progenitor Gabriel Enrique González Cubillos, en Melgar.
Según el Ministerio Público, el presunto homicida evidenciaba interés por el cuidado y atención de su hijo y en ejercer su custodia; se mostró como buen padre, y no se advirtió riesgo de violencia hacia el niño por parte de la madre, por lo cual se ratificaron por la autoridad administrativa las visitas acordadas entre ambos progenitores.
Sin embargo, para la Procuraduría, debieron explorarse las dinámicas familiares, la existencia de otras medidas de restablecimiento de derechos y de protección en favor del núcleo familiar y explorar las posibles afectaciones por los hechos de violencia psicológica referida por la madre del niño, que permitieran prever un comportamiento violento, agresivo o criminal del padre hacia su hijo, o si este ejercía algún tipo de manipulación del niño para afectar a la progenitora.
Para el ente de control, se debe evaluar la eventual ocurrencia de conductas disciplinarias de las autoridades que intervinieron en los trámites de restablecimiento de derechos y de medida de protección de su progenitora.
El proceso
El informe remitido por reparto a las procuradurías distritales de instrucción de Bogotá por la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, se elaboró a partir de la respuesta entregada por la directora Regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), en relación con la existencia y trámite impartido al proceso administrativo de restablecimiento de derechos del niño.
Igualmente, de la respuesta de la Comisaría de Familia 1 de Usme, sobre las medidas adoptadas en el proceso por violencia intrafamiliar que allí cursaba en favor de la madre del niño y la visita practicada por el Procurador Judicial.
